Funciones Económicas Del Estado

Funciones Económicas Del Estado

 Por sector público se entiende el conjunto de instituciones u organismos que regulan, de una forma u otra, las decisiones colectivas de carácter político, económico, social y cultural de un país.

Además, el Estado interviene en el desarrollo de la actividad económica como consumidor y como productor. Así, actúa como unidad económica de consumo cuando adquiere bienes y servicios de las empresas privadas (nacionales o extranjeras) para desarrollar las funciones y los objetivos que tienen encomendados; para ello se financia, fundamentalmente, a través de los impuestos. Por otro lado, actúa como unidad económica de producción a través de las empresas públicas que producen bienes y prestan servicios de interés público (infraestructuras, enseñanza, sanidad).

Las funciones que se le asignan al sector público en una economía mixta son las siguientes:

Fomentar la eficiencia económica, para ello, interviene tratando de corregir los fallos del mercado, por ejemplo: lucha contra los efectos nocivos de determinados procesos productivos como la contaminación, fomenta las externalidades positivas como la I+D+i, provee de bienes públicos, defiende la libre competencia, etc.

Mejora la distribución de la renta. El Estado redistribuye la renta, tratando de ayudar a los ciudadanos con rentas más bajas, por medio de la política de impuestos y de gastos y también mediante la regulación.

Propiciar la estabilidad y el crecimiento económico. Al tratar de suavizar las fluctuaciones cíclicas intenta evitar los aumentos del nivel de desempleo en las recesiones y de los precios en las fases expansivas.

Todas estas funciones las realiza el sector público con los objetivos de estabilizar los precios, propiciar el crecimiento económico haciéndolo a su vez sostenible con la protección del medio ambiente, conseguir el pleno empleo, mejorar la distribución de la renta, y evitar el déficit público y el déficit exterior en la medida de lo posible.

Para conseguir sus objetivos y desarrollar sus funciones, el sector público presenta la siguiente organización, en la que se identifican cuatro grandes niveles:

Administración Central o Administración General del Estado. Está compuesta por la Presidencia del Gobierno, los ministerios y los organismos de carácter autónomo, como el Boletín Oficial del Estado (BOE), adscrito al Ministerio de la Presidencia, o el Instituto Nacional de Estadística (INE), adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda. También compete a esta administración la gestión del sistema de la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Finalmente, cabe señalar que aunque España es un Estado descentralizado y la Administración Central ha ido perdiendo protagonismo paulatinamente, por la cesión de poder a las administraciones regionales, es la que mayor número de funciones tiene atribuidas.

Administración regional o autonómica. Las Comunidades Autónomas han ido asumiendo progresivamente competencias que antes correspondían a la Administración Central, como es el caso de la sanidad y de la educación. Estas administraciones disponen de presupuesto propio, aunque sus ingresos proceden fundamentalmente del Estado.

Administración local. Como indica su nombre, el área de influencia de este tipo de administración es de ámbito local, realizando tareas cercanas a los ciudadanos (alumbrado, suministro de agua, recogida de basura, etc.). Aunque estas administraciones también disponen de presupuesto propio, sus ingresos siguen proviniendo fundamentalmente del Estado. Los principales ejemplos de administraciones locales son los Ayuntamientos y las Diputaciones Provinciales.

Sector público empresarial. Como se ha expuesto anteriormente, el sector público también interviene en la actividad económica como productor de bienes y servicios mediante empresas públicas financieras y no financieras.

OBJETIVOS Y FUNCIONES DEL SECTOR PÚBLICO 

El Estado contribuye a la asignación socialmente deseable de los recursos. En este sentido, el Estado interviene tratando de contribuir a corregir los fallos del mercado:

Lucha contra los efectos nocivos de las externalidades, principalmente la contaminación, mediante:

Fijación de impuestos relacionados directamente con lo que se contamina: cuanto más se contamina, más se paga en concepto de impuestos.

Regulación de actividades como prohibir aquellas actividades que sean peligrosas cerca de núcleos urbanos o espacios protegidos o exigir a los fabricantes utilizar tecnologías específicas para la eliminación de residuos tóxicos, etc.

Establecer umbrales máximos de contaminación, de tal forma que quienes los sobrepasen serán sancionados.

Establecimiento de licencias de contaminación. Para poder contaminar hay que obtener una licencia en la que se especifica el límite de emisión de las diversas sustancias contaminantes, el periodo de vigencia, el lugar, etc.

Fomenta las externalidades positivas como los gastos en I+D, bien a través de proyectos de investigación públicos o incentivando a las empresas privadas para que los lleven a cabo con subvenciones o desgravaciones fiscales.

Provee bienes públicos como la defensa nacional, la administración de justicia, la sanidad, educación pública, etc. que el mercado, por sí sólo, ofrecería en una cantidad insuficiente.

Limita el poder de mercado de las empresas monopolísticas y oligopolísticas, fijando un marco legal que defiende la competencia y unos órganos administrativos, como el Tribunal de Defensa de la Competencia, que se encargan de hacerlo cumplir.

Trata de suministrar información a los consumidores para que tomen decisiones bien documentados, utilizando para ello regulaciones, por ejemplo, en el caso de los sectores financieros y de seguros.

B. MEJORAR LA DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA

Con el objeto de reducir las desigualdades en la distribución personal de la renta o entre distintas zonas geográficas, el Estado establece leyes y toma medidas que tratan de garantizar una mayor equidad a través de un sistema tributario progresivo, medidas para la igualdad de oportunidades, leyes de salario mínimo, protección por desempleo, servicios de ayuda y asistencia social, etc.

C. PROPICIAR LA ESTABILIDAD Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

Aunque la mayoría de las economías presentan una tendencia creciente a largo plazo, la realidad nos dice que la actividad económica fluctúa. Por esta razón, el Estado planifica y toma medidas con el objetivo de suavizar las fluctuaciones cíclicas, lo que se pretende es evitar los drásticos aumentos en el nivel de desempleo que se originan en las depresiones, así como los bruscos crecimientos de los precios en las expansiones.

Junto con la estabilización de las economías, los gobiernos tratan de tomar medidas que logren un crecimiento económico sostenido a largo plazo, o lo que es lo mismo, que aumenten las capacidades productivas de las que dispone una economía, que es lo que permite producir bienes y servicios en mayor cantidad y satisfacer mayores y nuevas necesidades a medida que pasa el tiempo, lo que se traduce en mejoras de bienestar material de los individuos.